El estudio reconoce que los productos obtenidos por estas herramientas biotecnológicas son tan seguros para la salud humana y animal y para el medio ambiente, como las plantas obtenidas de forma convencional.
ChileBio / 30 de abril, 2021.- Un estudio de la Comisión Europea, y que se publicó este jueves, concluyó que la legislación actual sobre organismos genéticamente modificados (OGM) (adoptada en 2001 por la UE) no es adecuada para el propósito de las nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal o edición de genes.
En 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en base a la regulación vigente adoptada en 2001, que los organismos obtenidos por estas nuevas técnicas debían ser equiparados normativamente a los OGM. Desde entonces, la comunidad científica, una serie de estados miembro y el sector agroalimentario ha pedido que no sean consideradas OGM ya que no son lo mismo. En sus exigencias se incluía una revisión normativa de la legislación actual ya que no se ajusta a la realidad de las nuevas técnicas de edición de genes. Ante esta situación, la Comisión Europea se propuso realizar un estudio para analizar la situación y que sirva como base para determinar el futuro de la edición genética en Europa.
[Recomendado: Informe de Ética de la Unión Europea recomienda incluir edición genética en la agricultura]El estudio indica que se han identificado “limitaciones en la capacidad de la legislación actualmente vigente en la UE para seguir el ritmo de los avances científicos, causando desafíos de implementación e incertidumbres legal. Además, el estudio reconoce el valor que estas técnicas tienen para contribuir a un sistema alimentario más sostenible como parte de los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa. Resaltando que cualquier política adicional debe tener por objetivo permitir que estas nuevas técnicas de edición genética contribuyan a la sostenibilidad.
El estudio de la Comisión Europea afirma que “hay fuertes indicios de que la legislación actual no es adecuada para algunas de las nuevas técnicas de edición genética y sus productos, y que (la legislación) debe adaptarse al progreso científico y tecnológico.” Concluye además que puede no estar justificado aplicar diferentes niveles de supervisión regulatoria a productos similares con niveles similares de riesgo, como es el caso de las plantas obtenidas de manera convencional a través de las nuevas técnicas de edición genética. Se resalta también la necesidad existente de informar más a la sociedad sobre estas tecnologías y evaluar la percepción social en torno a ellas.
[Recomendado: Academias Europeas de Ciencias vuelven a publicar reporte a favor de la edición genética: piden re-evaluar legislación de la UE]Sobre estas herramientas el estudio afirma “son un conjunto muy diverso de técnicas y pueden lograr resultados diferentes, siendo algunos productos vegetales tan seguros como las plantas obtenidas de forma convencional para la salud humana y animal y para el medio ambiente”.
La comisionada europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha afirmado tras recibir los resultados del estudio que “con la seguridad de los consumidores y el medio ambiente como principio rector, ahora es el momento de mantener un diálogo abierto con los ciudadanos, los Estados miembros y el Parlamento Europeo para decidir conjuntamente el camino a seguir para el uso de estas biotecnologías en la Unión Europea”.
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En Chile ya existe un enfoque regulatorio vigente al respecto, que en línea a lo recomendado por este nuevo estudio europeo, “considera a los organismos editados como homólogos de los convencionales, en tanto no poseen genes provenientes de otros organismos, como es el caso de los OGM”, explica el director ejecutivo de ChileBio, el doctor en ciencias biológicas, Miguel Ángel Sánchez. “Chile junto a países como Japón, Australia, Israel, Nigeria y EEUU, pertenece a los trece países que ya han adoptado enfoques regulatorios en esa misma línea. Se espera que este año se agregue una decena de países a esta lista”, explica el experto, quien ha analizado y comparado la legislación y regulación que aborda este tema a nivel mundial.