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Debido a sequía y plagas, los agricultores bolivianos exigen uso de cultivos transgénicos

La sequía y las plagas que afectan a los cultivos de maíz, trigo, sorgo y soja en la región boliviana de Santa Cruz (este) impulsa a los pequeños y medianos productores a insistir al Gobierno del presidente Evo Morales a que autorice el uso de semillas genéticamente modificadas, ahora vetadas por la ley.

La sequía y las plagas que afectan a los cultivos de maíz, trigo, sorgo y soja en la región boliviana de Santa Cruz (este) impulsa a los pequeños y medianos productores a insistir al Gobierno del presidente Evo Morales a que autorice el uso de semillas genéticamente modificadas, ahora vetadas por la ley.

Los expertos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), institución que asesora a las asociaciones agrícolas de Santa Cruz, sostienen que más de 13.000 pequeños y medianos productores piden que les permitan usar la biotecnología ya que en las pasadas cosechas fueron afectados por el cambio climático.

«Hay que destacar que son los pequeños productores los que solicitan el mayor uso de biotecnología y la liberación de nuevos eventos (modificación de semillas)», dijo a Efe la biotecnóloga del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Cecilia González.

Bolivia solo permite la existencia de un tipo de semilla modificada para la soja, la que es resistente al herbicida glifosato, y recoge en su Constitución promulgada en 2009 precauciones específicas sobre el uso de otros transgénicos.

González explicó que algunos cultivos de maíz son afectados por el gusano «cogollero» que afecta al tejido del cultivo en crecimiento y los productores de soja también tienen problemas con el gusano «pegador», cuyas larvas se alimentan de las hojas.

Además, este año también llegó al oriente boliviano una plaga de langostas que afectó los cultivos, agregó.

Por todas estas situaciones, hay una insistente petición de usar algunos eventos biotecnológicos para que los cultivos puedan resistir las plagas de insectos o la sequía, sostuvo González.

Esto tendría como consecuencia que los productores utilicen menos herbicidas y pesticidas en los cultivos y que no aumente el costo de producción, ni que se reduzca la rentabilidad por hectárea.

Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), en 2016 se perdieron 500.000 toneladas de soja por la sequía y el rendimiento fue de 1,8 toneladas por hectárea cuando el promedio general es de 2,4 toneladas por hectárea.

«Creo que es crucial que el Gobierno de Bolivia deba considerar realmente cómo incorporar la biotecnología de una manera apropiada a través de una política de bioseguridad», subrayó González.

Según la científica, una política de bioseguridad comprende todas las acciones y medidas que se toman antes del manejo de un organismo genéticamente modificado para así desarrollar su correcto uso.

Destacó el avance del uso de esta tecnología en países como Argentina y Brasil, de los cuales Bolivia puede aprender.

Por su parte, el presidente del IBCE, Reinaldo Díaz, destacó esta semana en un foro que el uso de biotecnología autorizado para la soja ha permitido aumentar la producción en 4 millones de toneladas en los últimos 10 años.

Antes de 2005, año en que se aprobó el uso de la soja modificada, el rendimiento promedio era de 1,7 toneladas por hectárea y después de su autorización se elevó a 2,1 toneladas por hectárea, explicó.

El presidente del IBCE justificó que estos resultados muestran los beneficios de utilizar la biotecnología para la agricultura ya que aumenta la producción y la competitividad del productor.

Según el gerente de la misma institución, Gary Rodríguez, en 2016 se perdieron 182.000 toneladas de 320.000 que se esperaban cosechar de maíz por el ataque del gusano «cogollero».

A su juicio, al utilizar el único evento autorizado en Bolivia en la soja el país ganó 1.700 millones de dólares en 10 años de exportaciones con el uso de esos recursos tecnológicos.

Según un estudio realizado en 2016 por el consultor boliviano Luigi Guanella, si se autoriza el evento para que la soja sea resistente a los insectos y si se permitiera el uso en el maíz, el país ganaría cada año al menos 155 millones de dólares más.

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