Una demanda interpuesta por un colectivo de defensores de maíz ha logrado que durante dos años el proceso para la aprobación de siembras de grano genéticamente modificado se encuentre suspendido en México; agricultores del norte del país aseguran que este impasse derivado del proceso judicial ha afectado el desarrollo del campo, «afectando nuestra economía y una mayor productividad».
Rubén Chávez Villagrán, productor de Chihuahua, dijo en entrevista con El Economista que los retos y barreras a las que se están enfrentando no les está permitiendo ser más competitivos frente a sus competidores directos.
“Tenemos 19 0 20 años de retraso en el uso de tecnología de transgénicos contra Estados Unidos. Estamos seguros de que el potencial de una semilla genéticamente modificada con las híbridas es de hasta dos dígitos; el promedio nacional debe ser 10%, pero el porcentaje que fuera nos tiene en desventaja con los competidores”, comentó.
Chávez Barragán sostuvo que “es una situación injusta que las autoridades no han sabido, o no han querido manejar, esta situación, cuando la afectación es muy grave para los productores”, en ese sentido, sostuvo que “el costo más fuerte que tenemos es de fertilizante, el segundo más caro que tenemos es el pago de energía eléctrica, y el tercer costo es la semilla, pero no tendríamos problema de pagar 20% más el costo, porque aseguramos una producción superior de dos dígitos”.
En tanto, empresas como la trasnacional Monsanto, manifestaron que el proceso jurídico sigue su curso y no se ha declarado la suspensión definitiva para que las autoridades gubernamentales otorguen permisos de siembra en su fase experimental.
Destacó que la demanda de acción colectiva fue presentada el 5 de julio de 2013 y el juicio no ha concluido. “El Poder Judicial de la Federación aún no ha emitido una sentencia que defina el futuro de la siembra de maíz genéticamente modificado en México”, destacó la empresa.
Luego de dos años está por iniciar la etapa que considera el estudio y análisis de los argumentos planteados en dicha acción colectiva, así como de los contra argumentos y pruebas presentados por las partes demandadas.
El 17 de abril, Monsanto presentó al juez los argumentos, estudios y datos estrictamente científicos que respaldan el uso seguro de la biotecnología en la agricultura la inocuidad del maíz GM, y combaten los infundados argumentos sobre daños al medio ambiente. Dicha información se presentó en el momento legal indicado, cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos del Poder Judicial.
Actualmente, está por definirse si se mantiene o se levanta la suspensión otorgada el 17 de septiembre de 2012, ya que ésta se otorgó sin haber consultado a las autoridades competentes y a las partes involucradas en el juicio, como lo requiere la legislación aplicable. De hecho, el pasado 26 de marzo, Monsanto atendió el requerimiento del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal y presentó en tiempo y forma argumentos sólidos y pruebas sobre las desventajas de la suspensión de permisos. Otras empresas y dependencias del Gobierno Federal ya hicieron lo mismo.
Fuente: EL Economista (http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/05/05/piden-poner-fin-analisis-juridico-transgenicos)